Un juez de distrito autorizó el 17 de marzo de 2026 que Carlota N, de 74 años, continúe su proceso penal bajo arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva. La resolución responde a su avanzada edad y deterioro de salud, sin implicar absolución de los cargos por doble homicidio en Chalco.
Fundamento legal y condiciones de salud
La medida se fundamenta en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este precepto permite excepciones a la prisión preventiva oficiosa para personas mayores de 70 años o con enfermedades crónico-degenerativas.
Carlota N padece diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Sus condiciones de salud se agravaron durante casi un año de reclusión en el Centro Penitenciario de Chalco, Estado de México.
Su defensa argumentó en la audiencia la necesidad de tratamiento médico especializado con insulina. El juez federal consideró que la prisión preventiva ponía en riesgo la vida de la adulta mayor.
Condiciones del arresto domiciliario
Bajo la nueva medida cautelar, Doña Carlota deberá permanecer en su domicilio de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. El juez impuso vigilancia electrónica y diversas restricciones para garantizar su comparecencia.
Las condiciones establecidas por el juzgador incluyen:
- Garantía económica de 250 mil pesos
- Prohibición absoluta de salir del país
- Presentarse ante autoridades judiciales cuando sea citada
- Abstenerse de acercarse a las víctimas y ofendidos
- No acercarse al domicilio del menor lesionado ni a su escuela
Su hijo Arturo Santana adelantó que la salida del penal se concretará entre el viernes y sábado. La familia celebró la decisión por razones humanitarias y en atención a la edad de la procesada.
Los hechos de abril de 2025
El caso se remonta a abril de 2025 cuando Carlota N junto a sus hijos confrontó a presuntos invasores en una propiedad familiar. El enfrentamiento ocurrió en la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe en la comunidad de La Candelaria Tlapala, Chalco.
La mujer disparó su arma de fuego en medio de una discusión por el despojo de su vivienda. El resultado fue la muerte de Esaú de 19 años y Justin de 51 años, además de lesiones a un menor de 14 años.
Videos virales del incidente la convirtieron en símbolo de defensa de la propiedad privada en México. Grupos ciudadanos han exigido su liberación bajo consignas como México está contigo.
Legítima defensa y legitimidad de la propiedad
La defensa de Doña Carlota sostiene que la mujer actuó en legítima defensa de su patrimonio familiar. Argumenta que los fallecidos intentaban invadir su vivienda de manera ilegal y amenazaban a la familia.
Un dato relevante surgió en febrero de 2026 cuando un juez condenó a Víctor Eladio Torres Ortiz a seis años de prisión. El sentenciado fue declarado culpable del delito de despojo de propiedad de Mariana N, hija de Carlota.
Con esta sentencia condenatoria quedó demostrado que la propiedad es legítima de la familia. La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México había reconocido este hecho tras las indagatorias del Ministerio Público.
Situación de los otros implicados
Los hijos de Doña Carlota, Eduardo N y Mariana N, continuarán su proceso en reclusión penal. Ambos enfrentan imputación por delitos relacionados con la disputa de la propiedad en Chalco.
El juez del penal de Chalco determinó que solo Carlota N merece el beneficio del arraigo domiciliario. Sus hijos deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.
Los expertos en derecho penal destacan que esta resolución refleja el equilibrio entre la protección de la salud de adultos mayores y la garantía de un proceso justo. El caso sigue abierto con audiencias pendientes que definirán la situación legal definitiva.
Repercusión política y social
El caso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum quien evitó tomar una postura directa. Sin embargo, la mandataria reconoció que las invasiones de viviendas son un problema que afecta a diversas comunidades del país.
Expertos en derecho penal consideran que la resolución judicial sienta un precedente importante. Se establece un equilibrio entre el respeto a los derechos de adultos mayores y la investigación por homicidio y tentativa de homicidio.
Con este paso la historia de Doña Carlota trasciende el ámbito penal. Se convierte en un referente del debate sobre justicia, propiedad privada y derechos de los adultos mayores en México.
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