En una resolución histórica para la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones legales que abrían la puerta a la criminalización de las protestas sociales en Tabasco. El máximo tribunal del país determinó que la redacción de las normas vigentes en la entidad resultaba ambigua y vulneraba los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica, garantizados en la Constitución Federal.
El pleno de la SCJN analizó las impugnaciones presentadas contra las reformas que endurecieron las penas por bloqueos o manifestaciones en vías de comunicación, particularmente aquellas que afectaban la operación de sectores estratégicos. Los ministros coincidieron en que, si bien el Estado tiene la facultad de regular el orden público, no puede imponer sanciones que inhiban el ejercicio de la crítica social o que resulten desproporcionadas frente al derecho de la ciudadanía a expresar su descontento.
Esta determinación tiene una relevancia inmediata para los colectivos sociales y organizaciones civiles de la entidad, quienes habían señalado que la legislación era utilizada como una herramienta de coacción para frenar demandas legítimas. Con la invalidez decretada por la Corte, el marco jurídico de Tabasco deberá ajustarse para garantizar que ninguna protesta sea motivo de persecución penal injustificada, siempre que se desarrolle bajo los cauces de la no violencia.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también envía un mensaje claro al Poder Legislativo local sobre la importancia de armonizar las leyes estatales con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los juristas encargados del proyecto señalaron que la protesta social es una pieza clave en cualquier democracia y que el uso del derecho penal debe ser la última instancia, nunca el primer recurso para disuadir la organización popular.
Tras el fallo, se espera que el Congreso del Estado sea notificado formalmente para realizar las derogaciones correspondientes. Esta victoria jurídica es vista por especialistas en derecho constitucional como un paso firme hacia la protección de los defensores de derechos humanos y comunidades que utilizan la manifestación pública como vía para ser escuchados por las autoridades estatales y federales.
Más noticias en Chanchamito TV.
Deja un comentario