Un juez de Control en Morelia libró 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles, su exsecretario de Seguridad y 14 policías estatales, por la masacre de Arantepacua en 2017.
Órdenes de captura por homicidio, tortura y abuso de autoridad
La Fiscalía de Michoacán solicitó los mandamientos judiciales por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, derivados del operativo policial del 5 de abril de 2017 en Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Las autoridades acusan a Aureoles y al entonces secretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez, de ordenar o permitir el despliegue de más de 200 policías estatales para recuperar vehículos retenidos por comuneros purépechas.
En ese operativo, policías estatales se enfrentaron con habitantes de la comunidad y desataron un tiroteo que dejó cuatro indígenas muertos, entre ellos un menor de edad, además de varios lesionados.
El operativo de 2017 en Arantepacua
De acuerdo con las denuncias, los comuneros purépechas mantenían retenidos alrededor de cien vehículos de carga como medida de presión en un conflicto de límites territoriales con el poblado de Capacuaro, en Uruapan.
Los reportes oficiales señalan que el enfrentamiento dejó también un policía muerto, al menos siete agentes lesionados y diez pobladores detenidos, quienes posteriormente denunciaron actos de tortura en su contra.
Organizaciones indígenas y colectivos de derechos humanos calificaron los hechos como una presunta ejecución extrajudicial de cuatro comuneros. Desde entonces, las comunidades afectadas han exigido justicia sin obtener resultados concluyentes.
Con las nuevas órdenes de aprehensión, el caso ingresa en una etapa en la que la justicia ya no señala solo a mandos operativos, sino directamente a exautoridades de alto nivel del gobierno estatal.
Violaciones documentadas por la CNDH
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020 sobre Arantepacua, donde acreditó violaciones graves a derechos fundamentales cometidas durante el operativo policial.
El organismo documentó afectaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales, a la reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia.
La CNDH también concluyó que elementos de la Policía Estatal catearon de forma ilegal más de 50 viviendas de habitantes purépechas, sin órdenes judiciales y con uso excesivo de la fuerza durante los ingresos.
“Se acreditaron violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales y a una vida libre de violencia”, expresó la CNDH al emitir dicha recomendación.
El organismo pidió investigar y sancionar las cadenas de mando responsables, así como reparar integralmente el daño a las víctimas directas, sus familias y la comunidad indígena de Arantepacua en su conjunto.
Aureoles, prófugo y con otras investigaciones abiertas
La Fiscalía de Michoacán considera actualmente a Silvano Aureoles prófugo de la justicia, por diversas carpetas donde le imputan peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Las autoridades investigan un presunto desfalco millonario al erario en la construcción de cuarteles de la Policía Estatal durante su administración, proyecto señalado por sobrecostos y posibles desvíos de recursos.
Por estos hechos, agentes estatales ya detuvieron a excolaboradores cercanos de Aureoles, entre ellos un exsecretario de Finanzas, un exsecretario de Seguridad, un exdelegado de Finanzas y una exfuncionaria de Seguridad Pública.
Mientras la Fiscalía mantiene activos los operativos para localizar al exgobernador y a su exsecretario de Seguridad, las comunidades purépechas insisten en que el caso Arantepacua marque un precedente contra la impunidad.
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