Extrabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron este miércoles en las inmediaciones del Congreso del Estado de Tabasco para expresar su rechazo a la reforma constitucional que fija un tope a las llamadas pensiones elevadas del sector público.
Los inconformes advirtieron que la modificación al artículo 127 vulnera derechos laborales adquiridos y acusaron que su eventual aplicación retroactiva sería inconstitucional.
Con pancartas, consignas y posicionamientos dirigidos a legisladores locales, los manifestantes exigieron que el Congreso tabasqueño revise el alcance del aval otorgado a la minuta federal, luego de que la entidad figuró entre las legislaturas que respaldaron la declaratoria de constitucionalidad de la reforma. La inconformidad se centra en el límite que establece que las pensiones no podrán superar la mitad de la remuneración presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Voceros del grupo de jubilados señalaron que no se oponen a revisar privilegios indebidos, pero sostienen que el problema radica en la posibilidad de que la norma afecte contratos colectivos y prestaciones consolidadas durante décadas de servicio. En ese sentido, advirtieron que miles de pensionados de ambas empresas productivas del Estado podrían recurrir al amparo federal si se confirma la afectación sobre pagos ya reconocidos.
La protesta en Tabasco replica movilizaciones similares registradas en San Lázaro, Veracruz y Guadalajara, donde jubilados de CFE, Pemex, Banobras y Luz y Fuerza han denunciado que la narrativa de “pensiones doradas” generaliza casos y pone en riesgo beneficios pactados legalmente. El tema ha escalado a nivel nacional por el peso financiero que representan estas jubilaciones en el gasto público.
El movimiento de extrabajadores anticipa que la discusión sobre la reforma pensionaria seguirá activa en tribunales y congresos locales, especialmente en estados con alta presencia de trabajadores del sector energético como Tabasco. La presión social frente al Congreso estatal también coloca en el centro del debate el equilibrio entre austeridad gubernamental y respeto a derechos laborales adquiridos.
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