El escándalo de narcopolítica que sacude al estado de Sinaloa dio un vuelco drástico tras confirmarse la detención y entrega voluntaria en el extranjero de dos de los hombres más cercanos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Se trata del general de división en retiro Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública) y de Enrique Alfonso Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas). Ambos perfiles, considerados el “brazo operativo” y el “cerebro financiero” del gobierno sinaloense, buscan convertirse en testigos colaboradores de la justicia estadounidense.
En paralelo, fuentes del sector bancario confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó el congelamiento total de las cuentas bancarias de Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de sus núcleos familiares cercanos.
Los operadores de confianza: del poder a las cárceles de EE. UU.
1. Gerardo Mérida Sánchez: El jefe de seguridad que cobraba “nómina” al narco
El exsecretario de Seguridad Pública ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, cruzando por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde se puso a disposición de las autoridades. Tras una brevísima audiencia de dos minutos ante el juez federal Eric J. Markovich en Tucson, renunció a sus derechos de identidad y traslado para ser enviado de inmediato al Distrito Sur de Nueva York, la corte que lidera el expediente principal.
Actualmente, el militar en retiro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) —mismo lugar donde están presos Ismael “El Mayo” Zambada y el expresidente venezolano Nicolás Maduro— bajo el número de registro 62685-512.
A pesar de que este viernes compareció ante la Corte Federal de Manhattan y se declaró “no culpable” mediante un defensor de oficio, trascendió que busca activamente un acuerdo de cooperación.
- La acusación: La fiscalía de EE. UU. lo señala por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego de uso exclusivo.
- El soborno: El Departamento de Justicia afirma que Mérida Sánchez recibía un sueldo mensual de 100 mil dólares (unos dos millones de pesos) por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”. A cambio, el general alertaba a la organización sobre redadas, ordenaba proteger laboratorios clandestinos y mandaba a la policía estatal a detener exclusivamente a los grupos rivales. De ser hallado culpable, enfrenta una pena que va desde los 40 años hasta la cadena perpetua.
2. Enrique Díaz Vega: El tesorero que entregó el padrón electoral a “Los Chapitos”
Por su parte, el exsecretario de Administración y Finanzas (quien fungió en el cargo de 2021 a 2024) negoció su entrega desde Irlanda, país donde se encontraba vacacionando cuando estalló la bomba judicial el pasado 29 de abril. Díaz Vega instruyó a sus abogados en Estados Unidos y viajó directamente a Nueva York para entregarse a los fiscales federales.
La acusación de la Fiscalía de Nueva York en su contra es demoledora y revela cómo el Cártel de Sinaloa operó activamente en los comicios estatales:
- Elecciones del 2021: Se acusa a Díaz Vega y a Rubén Rocha Moya de reunirse clandestinamente con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de las elecciones que llevaron a Morena al poder estatal.
- Listas negras de la oposición: Presuntamente, Díaz Vega entregó a los capos del cártel un listado con los nombres y domicilios de los oponentes políticos de Rocha Moya. Con esa información, los sicarios de “Los Chapitos” secuestraron a más de 100 operadores de la oposición, robaron urnas el 6 de junio de 2021 e intimidaron a los candidatos rivales para obligarlos a retirarse de la contienda.
- Enriquecimiento inexplicable: El exfuncionario, originalmente empresario, reportó en su declaración patrimonial de 2021 poseer 24 propiedades con un valor de 70 millones de pesos. Para cuando dejó el cargo en 2024, su fortuna inmobiliaria se disparó a 42 propiedades valuadas en 132 millones de pesos.
El golpe financiero en México y el cerco sobre Rocha Moya
Mientras en el extranjero las detenciones avanzan, en territorio nacional la pinza económica se cerró. Directivos bancarios confirmaron que la UIF emitió la orden de congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya (quien pidió licencia definitiva al cargo de gobernador el 1 de mayo), de sus familiares directos y del senador Enrique Inzunza Cázares.
Interrogada al respecto en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer en particular las acciones de la UIF. No obstante, reiteró la postura diplomática de México ante los procesos de extradición solicitados por Washington:
“No tenía conocimiento de lo de la UIF… pero exigimos al Gobierno de Estados Unidos pruebas contundentes de las acusaciones para que la Cancillería (SRE) pueda dar luz verde al trámite de las extradiciones”.
La lista negra de la Justicia de EE. UU.
El expediente penal del Distrito Sur de Nueva York mantiene órdenes de aprehensión vigentes y solicitudes de extradición contra un total de 10 servidores públicos y exfuncionarios de Sinaloa. La lista la integran:
- Rubén Rocha Moya (Gobernador con licencia de Sinaloa).
- Enrique Inzunza Cázares (Senador de la República).
- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde con licencia de Culiacán).
- Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad; Detenido).
- Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Finanzas; Detenido).
- Dámaso Castro Saavedra (Fiscal General Adjunto del Estado).
- Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación).
- Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE).
- José Antonio Dionisio Hipólito (Elemento de la Policía Estatal).
- Juan Valenzuela Millán (Excomandante de la Policía de Culiacán).
EE. UU. aplicará leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos
Esta embestida judicial coincide con un cambio radical en la política de seguridad de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump. De acuerdo con reportes de The New York Times, el Departamento de Justicia instruyó a todos sus fiscales federales a utilizar la legislación antiterrorista para procesar a los funcionarios gubernamentales de México que colaboren con los cárteles, los cuales ya fueron designados formalmente como organizaciones terroristas.
El subprocurador general adjunto de EE. UU., Aakash Singh, ordenó triplicar las acusaciones bajo cargos de “apoyo material a terroristas”, una figura legal severa utilizada comúnmente contra células del extremismo internacional. Ante las posibles quejas del gobierno mexicano, Singh se mostró indiferente en una llamada interna filtrada por el medio estadounidense:
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México… Si esto resulta desagradable para el Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
La detención de Mérida y la entrega de Díaz Vega son, según la propia DEA, “apenas el inicio” de una ofensiva internacional que amenaza con desmantelar por completo las redes de protección institucional del narcotráfico en México.
Siga de cerca el desarrollo de este histórico caso de justicia internacional. Gracias por informarte con nosotros en Chanchamito TV.
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