En una jornada marcada por un fuerte despliegue de seguridad en la capital sinaloense, este martes 26 de mayo ocho funcionarios y exservidores públicos del estado comparecieron ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las diligencias forman parte de una investigación iniciada por la FGR –encabezada ahora por Ernestina Godoy–, luego de que el gobierno de México rechazara las órdenes de aprehensión con fines de extradición solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La justicia norteamericana, a través de la DEA, acusa a este grupo de presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para el trasiego de narcóticos a cambio de sobornos y favores políticos.
Rocha Moya e Inzunza: “Abogados de sí mismos”
Los comparecientes de mayor perfil, quienes arribaron a las instalaciones a bordo de camionetas blindadas y fuertemente escoltados, fueron el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Aunque evitaron el contacto directo con la prensa, ambos emitieron posicionamientos a través de sus redes sociales.
“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora… Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, escribió Rocha Moya, afirmando que con la frente en alto buscará que la verdad prevalezca y elogiando la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional.
Por su parte, el senador Inzunza reiteró su decisión de no utilizar la inmunidad procesal o fuero legislativo: “Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo… lo hago desde la rectitud de hombre de la República”, detalló.
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Exmandos policiacos niegan nexos criminales
Además de los actores políticos, también acudieron a declarar en calidad de testigos el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal general con licencia, Dámaso Castro Zaavedra; y el exjefe de la Policía de Investigación estatal, Marco Antonio Almanza Avilés.
En un breve intercambio con los medios a las afueras de la dependencia, Almanza Avilés rechazó tajantemente las imputaciones:
- “No tengo por qué irme a entregar… Los invito a que investiguen bien, todo el tiempo mi trabajo lo hice con rectitud, todo el tiempo apegado a la legalidad.”
- “No serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador porque nunca he pertenecido a ningún grupo delictivo”.
Por su parte, el exvicefiscal Dámaso Castro aseguró sentirse tranquilo y decidió dejar su defensa en manos de un abogado público mientras se integra la carpeta de investigación.
Dos exfuncionarios ya se entregaron en EE. UU.
Cabe destacar que la lista original de requeridos por la justicia estadounidense contemplaba a 10 personas. Sin embargo, solo ocho acudieron este martes a la FGR, debido a que dos de los señalados —el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas— se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos en días recientes.
El gobierno federal, respaldado por la presidenta Sheinbaum, ha insistido en que las agencias extranjeras no presentaron pruebas concluyentes, por lo que será la propia FGR la encargada de determinar si existen elementos reales para proceder legalmente contra los acusados en territorio nacional.
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