Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes bajo la hipótesis de que en su calidad de servidor público ocultó información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Prisión preventiva en penal del Altiplano
La autoridad judicial reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el exmandatario. Aguirre Rivero permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en el Estado de México durante el desarrollo del proceso penal.
El juez concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria informó la madrugada de este miércoles la Fiscalía General de la República. Durante este periodo la Fiscalía podrá continuar recabando elementos y la defensa tendrá oportunidad de reunir y presentar nuevas pruebas.
La vinculación a proceso no representa por sí misma una sentencia condenatoria. Establece que existen elementos que permiten continuar formalmente la investigación judicial en contra del acusado por desaparición forzada considerado un crimen de lesa humanidad.
Detención derivada de nuevas diligencias
Aguirre Rivero fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, como parte de las nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía. Las investigaciones se relacionan con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La acusación de la FGR está relacionada con el presunto ocultamiento de información y la posible destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes registraron parte de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la noche de la desaparición de los normalistas.
La Fiscalía realizó un reanálisis de las actuaciones existentes en la investigación sobre el caso Ayotzinapa. También llevó a cabo nuevos actos de investigación para establecer la presunta responsabilidad del exgobernador en el ocultamiento de evidencias.
Acusación por destrucción de videos clave
Las imágenes fueron captadas por dispositivos del sistema de videovigilancia instalado en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Según la investigación habrían registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas.
Se trata de la unidad 1531 de Estrella de Oro. La Fiscalía considera que dicho material podría haber sido fundamental para establecer la ruta que siguieron los estudiantes y determinar quiénes participaron en su traslado.
Según los testimonios incorporados a la investigación, una entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría sustraído un sobre. El disco contenía las grabaciones y posteriormente lo habría entregado al entonces gobernador el 29 de septiembre de 2014.
Testimonios clave contra el exgobernador
La acusación que hizo la Fiscalía General de la República se basa en los testimonios de dos testigos. Blanca N, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, expresidenta del Poder Judicial de esa entidad, aseguran que Aguirre ordenó destruir evidencia.
La visitadora del TSJG habría tomado el sobre con el disco que contenía las imágenes. Lo entregó a Ángel Aguirre en la oficina de la gubernatura la noche del 29 de septiembre, tres días después de la desaparición de los normalistas.
Ahí el gobernador se lo entregó al entonces procurador Iñaki Blanco para que se deshiciera del material y lo destruyera. Horas después ordenó a sus colaboradores borrar o destruir toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 en Iguala.
Defensa presenta 31 datos de prueba
Durante la audiencia de más de 15 horas de debate, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación. Entre estos se incluyeron documentos oficiales, reportes periodísticos y declaraciones de distintas personas.
De acuerdo con medios nacionales comparecieron como testigos Jesús Martínez Garmelo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Guerrero durante la administración de Aguirre. También declaró Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo del estado.
Según estas versiones durante la diligencia ambos exfuncionarios declararon que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero. Afirmaron que en el momento en que presuntamente recibió las grabaciones se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Juez rechaza pruebas de la defensa
El juez consideró que ninguna de las pruebas presentadas era lo suficientemente contundente para desacreditar la versión de la Fiscalía. La autoridad judicial determinó que los elementos aportados no fueron considerados suficientes para desvirtuar la hipótesis del ocultamiento de evidencias.
La acusación sostiene que el exgobernador habría ordenado ocultar o destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. Los testimonios vinculan al exgobernador con la presunta desaparición de las grabaciones que contenían información fundamental.
Los dos testigos fueron interrogados por la defensa y la representación de la Fiscalía durante la audiencia. El juez de control Mario Elizondo Martínez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez presidió la diligencia.
Participación de familiares de los 43
En la audiencia también participaron 13 padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Las familias continúan exigiendo justicia y verdad sobre el paradero de sus hijos a más de 10 años de los hechos.
La vinculación a proceso del exgobernador representa un avance en la investigación que ha sido calificada como una de las más complejas de México. Las autoridades federales continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
El exgobernador de Guerrero deberá permanecer preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano donde enfrentará el proceso por desaparición forzada. Sus defensores insistirán en que le modifiquen esa medida cautelar para que pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud a sus 70 años de edad.
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