La Fiscalía General de la República dio por cerrada la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda Oaxaca. La institución determinó que la causa principal fue el exceso de velocidad negligente del maquinista. Tres operadores ferroviarios enfrentan procesos judiciales por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Determinación de responsabilidades penales
La titular de la FGR Ernestina Godoy informó que el expediente se integró a partir de cuatro carpetas de investigación tras meses de peritajes y diligencias ministeriales. La institución agotó todas las hipótesis sobre las causas del siniestro ferroviario.
El maquinista el conductor y el jefe de despacho fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión y cateo contra los tres operadores ferroviarios responsables.
La investigación determinó que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite permitido era de 50 kilómetros por hora. La omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo agravó la responsabilidad penal.
Descarte de fallas técnicas e institucionales
Los peritajes en ingeniería civil arquitectura y seguridad industrial confirmaron que la infraestructura ferroviaria cumplía con los estándares normativos en el punto del percance. Los componentes de la subestructura cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas según los dictámenes técnicos.
La locomotora los vagones y los componentes del vehículo estaban en condiciones normales de uso y cumplían con la normatividad vigente. Las autoridades descartaron el delito de daño a las vías generales de comunicación tras los análisis especializados.
Tampoco se encontraron elementos para proceder por uso indebido de atribuciones o irregularidades en el servicio público. La FGR revisó 41 contratos públicos sobre la vía y adquisición de material sin observaciones penales relevantes.
Reparación del daño y acuerdos reparatorios
Un total de 145 víctimas entre ellas 114 adultos y 31 menores de edad aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa ferroviaria. Las compensaciones incluyen atención económica médica especializada y acompañamiento psicológico para los afectados.
La aceptación de estos acuerdos derivó en la extinción de la acción penal en esos casos específicos mediante mecanismos de justicia alternativa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participó en los procesos de mediación correspondientes.
Las víctimas que no aceptaron la reparación podrán continuar su proceso por la vía civil para buscar compensaciones adicionales. Algunos colectivos de afectados cuestionan que la reparación no cubre todas las consecuencias del siniestro.
Alcance técnico de la investigación federal
La investigación incluyó 230 dictámenes periciales en 16 especialidades con la participación de 336 servidores públicos federales. Las autoridades revisaron auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción.
El informe completo de la investigación se encuentra disponible para consulta pública con el propósito de transparentar las conclusiones del caso. La Fiscalía sostuvo que cumplió el objetivo de reparar el daño sin prolongar procesos judiciales innecesariamente.
Con esta determinación las autoridades federales concluyen la fase penal del caso que dejó 14 personas fallecidas y alrededor de 100 heridas. El resultado ha generado opiniones divididas entre los colectivos de afectados del siniestro ferroviario.
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