La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles admitir el amparo promovido por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán para denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades estadounidenses. El máximo tribunal consideró que el recurso es improcedente y cerró definitivamente cualquier posibilidad de revisar el caso dentro del sistema judicial mexicano.
Fundamentos de la resolución judicial
La SCJN determinó que el juicio de amparo únicamente puede dirigirse contra actos de autoridades nacionales, no extranjeras.
“El juicio de amparo en México solo puede aplicarse contra actos de autoridades nacionales, no extranjeras”, precisó la Corte en su fallo.
El tribunal señaló que permitir este tipo de revisiones vulneraría principios básicos de soberanía y no intervención entre naciones soberanas.
La resolución fue turnada al pleno, se declaró definitiva y no admite ningún medio de defensa o recurso adicional en el país.
La SCJN aclaró que no analizó el fondo de las acusaciones, limitándose a evaluar los requisitos legales de procedencia del amparo.
Alegatos de la defensa y condiciones de reclusión
La defensa argumentó que tras la extradición de 2017, Guzmán sufrió detención ilegal, incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas en ADX Florence, Colorado.
El ex narcotraficante cuestionó la condena de cadena perpetua más 30 años, alegando que contraviene el Artículo 22 constitucional mexicano, que prohíbe dicha pena.
“México debe proteger a sus ciudadanos, investigar posibles torturas y garantizar un amparo efectivo incluso en el extranjero”, sostuvo la defensa.
Las quejas recurrentes incluyen aislamiento extremo, limitaciones para comunicarse con su equipo legal y restricciones severas en visitas familiares. Estas inconformidades han formado parte constante de su estrategia legal, aunque sin lograr alterar su situación en el sistema penitenciario estadounidense.
Cierre de vías legales y contexto del caso
Joaquín Guzmán Loera fue extraditado el 19 de enero de 2017 y condenado el 17 de julio de 2019 por el juez Brian M. Cogan.
La sentencia impuso cadena perpetua más 30 años de prisión, junto con la confiscación de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
- Esta resolución cierra definitivamente las vías legales en México para impugnar el proceso judicial o las condiciones de reclusión en EE.UU.
- El ex líder del Cártel de Sinaloa solo podría explorar rutas excepcionales ante instancias internacionales, aunque analistas consideran que su caso queda prácticamente sellado.
- La Corte reafirmó que los tribunales mexicanos carecen de jurisdicción para actuar en territorio extranjero o exigir el cumplimiento de resoluciones a otras naciones.
El principio pro persona, que obliga a las autoridades a elegir la interpretación más amplia en favor de los derechos humanos, no permite soslayar los requisitos legales de procedencia del juicio de amparo.
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