Un juez de control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena por el delito de peculado en agravio del patrimonio público. Se trata del segundo caso por este mismo delito que enfrenta el exfuncionario tabasqueño en un periodo menor a un mes.
Prisión preventiva y plazo de investigación
El juzgador ratificó la prisión preventiva justificada contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco. El imputado permanecerá en reclusión mientras se desarrolla la investigación complementaria correspondiente a esta nueva carpeta de investigación penal abierta.
La autoridad judicial otorgó un plazo máximo de cuatro meses para el desahogo de pruebas y diligencias del caso. Este periodo de investigación complementaria vencerá oficialmente el próximo doce de agosto del presente año dos mil veintiséis en curso.
Múltiples cargos y reclusión en el Altiplano
Hernán Bermúdez Requena ya enfrenta otros procesos penales activos por desaparición forzada de personas, asociación delictuosa y secuestro agravado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido popularmente como El Altiplano.
Las autoridades federales lo mantienen bajo estricta vigilancia en el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. Al exfuncionario alias “El Abuelo” también se le acusa formalmente de extorsión y de operar el grupo La Barredora.
Esta organización delictiva es considerada una facción activa del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste del país. El exsecretario fue detenido en el país de Paraguay y posteriormente expulsado hacia territorio mexicano por las autoridades migratorias.
La Fiscalía General de la República también lo investiga activamente por delincuencia organizada a nivel federal desde hace meses. Las autoridades estatales continuarán con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades adicionales.
Sanciones por peculado y presunción de inocencia
El delito de peculado contempla sanciones que pueden ir desde los dos hasta los catorce años de prisión efectiva. Además de la pena carcelaria, el código penal establece multas económicas e inhabilitación para volver a desempeñar cargos públicos.
La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad y transparencia institucional. La dependencia recordó que el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia jurisdiccional definitiva.
Gracias por informarte con nosotros en Chanchamito TV.
Deja un comentario