La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descartaron que exista una justificación económica para aumentar el precio del kilo de tortilla, luego de versiones que anticipaban un posible incremento de entre 2 y 4 pesos a partir del 15 de abril. Ambas dependencias fueron enfáticas en señalar que no hay variaciones en el costo del maíz ni de la harina que respalden un ajuste al consumidor.
En un comunicado conjunto, el gobierno federal llamó a tortillerías y comercializadores a evitar aumentos injustificados en uno de los alimentos más sensibles para la economía familiar mexicana. La advertencia llega en un contexto de alta preocupación social por el impacto que cualquier alza tendría en la canasta básica.
Las autoridades recordaron que la mayoría de asociaciones de la industria de la masa y la tortilla, así como empresas harineras, forman parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, mecanismo mediante el cual se mantiene el compromiso de estabilidad e incluso reducción gradual de precios conforme al mercado lo permita.
Como parte de las acciones de vigilancia, la Profeco informó que mantiene monitoreo permanente en más de 600 tortillerías a través del programa Quién es Quién en los Precios, con el objetivo de detectar abusos y proteger a los consumidores frente a incrementos sin sustento.
La postura oficial busca contener rumores y enviar una señal de certidumbre a millones de hogares, al reiterar que hoy no existen condiciones técnicas ni de insumos que obliguen a encarecer la tortilla.
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