La Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén denunció el retiro de sus cámaras de videovigilancia por elementos de la FIRT-Olmeca en el centro de Villahermosa. La congregación rechazó las acusaciones de uso ilícito y exigió a las autoridades investigar la legalidad del operativo realizado el sábado 30 de mayo.
Detalle del operativo y versión de las autoridades
El pasado sábado, elementos uniformados de la FIRT-Olomeca y personal de la Guardia Nacional se presentaron en el templo de la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén.
El inmueble se ubica en la calle José María Morelos y Pavón esquina con Ignacio Zaragoza en la colonia Centro de Villahermosa.
Las autoridades retiraron los equipos de videovigilancia y emitieron un boletín oficial informando sobre el desmantelamiento de cámaras parásitas en puntos ciegos.
El comunicado de seguridad indicó que las cámaras presuntamente eran utilizadas de manera irregular y podían tener vínculo con actividades ilícitas.
- El operativo se realizó en el marco de acciones estratégicas para inhibir la comisión de delitos mediante el control de tecnologías de vigilancia.
- Las autoridades aseguraron que los equipos quedaron a disposición de las instancias competentes para evitar su posible uso en actividades ilícitas.
- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no proporcionó pruebas específicas que vincularan a la congregación con actividades delictivas.
Respuesta de la congregación y defensa legal
El Presbiterio Grijalva-Usumacinta emitió un enérgico comunicado rechazando de forma tajante las afirmaciones vertidas en el boletín oficial de las autoridades.
Juan Marcos Pérez Alonso presidente del Presbiterio junto con otros tres presbíteros firmaron el documento dirigido a la opinión pública.
La congregación aclaró que los equipos fueron adquiridos con recursos propios siguiendo los protocolos correspondientes para prevenir delitos en la zona.
Subrayaron que las grabaciones han servido en múltiples ocasiones como medio de prueba ante la Fiscalía para denunciar robos y actos de vandalismo.
- La iglesia recordó que tiene presencia en México desde 1872 y ha colaborado durante 144 años en la promoción de la paz.
- Las afirmaciones sobre un posible uso en actividades ilícitas fueron calificadas como falsas y carentes de fundamento legal por la dirigencia religiosa.
- La congregación sostiene que sus espacios han operado históricamente como legítimos centros de organización ciudadana ajenos a toda práctica ilícita.
Exigencia de investigación y diálogo institucional
La institución religiosa considera que el operativo carece de fundamento legal y vulnera los principios constitucionales consagrados en los artículos 14, 16 y 20.
Exigieron a las autoridades locales estatales y federales investigar tanto la veracidad de las acusaciones como la legalidad del proceder de la FIRT-Olomeca.
Solicitaron que cualquier diferendo sea resuelto con apego a la ley y al diálogo en lugar de procedimientos unilaterales que violentan derechos legítimos.
El comunicado sostiene que la Iglesia Presbiteriana de México ha sido una institución comprometida con la legalidad la transparencia y el Estado de derecho.
- El desmantelamiento de los equipos afecta directamente la seguridad de la comunidad que dependía de estas grabaciones para proteger su integridad.
- La iglesia respeta la labor de las instituciones de seguridad pública cuando actúan dentro del marco legal establecido por las autoridades competentes.
- El caso quedó a disposición de las tres instancias de gobierno para que emitan un pronunciamiento oficial sobre la legalidad del procedimiento.
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