La Iglesia Nacional Presbiteriana de México exigió una disculpa pública a la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca. Este reclamo fue hecho tras el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas en el templo Nueva Jerusalén, ubicado en el Centro de Villahermosa.
Representantes de la congregación afirmaron que las acciones realizadas por las autoridades afectaron la imagen de la institución religiosa. Además generaron señalamientos injustificados que han provocado daños morales a la comunidad presbiteriana.
Acusan falta de sustento legal en el operativo
Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Julián Hernández Moreno, sostuvo que la congregación merece respeto y rechazó las acusaciones relacionadas con un supuesto uso ilícito de los equipos de vigilancia.
“Nosotros somos una iglesia democrática, somos una iglesia respetuosa. Por eso exigimos respeto y una disculpa pública”, expresó.
La organización religiosa señaló que el retiro de las cámaras se realizó sin un emplazamiento jurídico previo ni una orden emitida por una autoridad judicial competente.
Cámaras tenían fines de seguridad, asegura la iglesia
De acuerdo con los representantes presbiterianos, los dispositivos de videovigilancia llevaban más de una década en funcionamiento y fueron instalados con recursos propios.
Indicaron que las cámaras estaban destinadas a vigilar los accesos principales del templo, proteger a los feligreses y brindar seguridad a los habitantes de la zona.
Asimismo, rechazaron la versión difundida por autoridades de seguridad que vinculaba los equipos con actividades ilícitas.
Los líderes religiosos aseguraron que en diversas ocasiones las grabaciones obtenidas por estos sistemas fueron utilizadas como evidencia en investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.
Presentan queja formal ante la SSPC
El asesor jurídico de la organización, Carlos Alberto Castellanos Morales, informó que ya fue presentada una queja formal ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según explicó, el inmueble religioso cuenta con reconocimiento legal y cualquier intervención en sus instalaciones debe apegarse a los procedimientos establecidos por la ley.
El abogado sostuvo que las cámaras se encontraban dentro del perímetro del templo y no ocupaban espacios de la vía pública.
“Consideramos preocupante que se haya ingresado a un edificio federal sin la autorización correspondiente de un juez”, manifestó.
Cuestionan concepto de “cámaras parásitas”
Castellanos Morales también cuestionó el uso del término “cámaras parásitas”, utilizado durante algunos operativos de seguridad realizados en la entidad.
Afirmó que dicha figura no existe dentro del marco jurídico mexicano y subrayó que toda actuación de la autoridad debe estar debidamente fundada y motivada.
“Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. No puede realizarse bajo simples sospechas”, señaló.
Piden reinstalar los equipos retirados
La Iglesia Nacional Presbiteriana solicitó además la reinstalación de las cámaras de videovigilancia retiradas durante el operativo.
Los representantes religiosos indicaron que esperarán una respuesta institucional por parte de las autoridades antes de determinar si emprenden nuevas acciones legales.
También reiteraron que su intención no es confrontarse con el gobierno estatal ni con las corporaciones de seguridad, sino defender la libertad religiosa y el derecho a proteger sus instalaciones.
Llaman al diálogo con las autoridades
Finalmente, la congregación hizo un llamado a las autoridades locales, estatales y federales para esclarecer los hechos y determinar la legalidad del operativo realizado por FIRT Olmeca.
La Iglesia Nacional Presbiteriana reiteró su disposición al diálogo y afirmó que busca una solución que permita restablecer la confianza entre la comunidad religiosa y las instituciones de seguridad.
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